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ACRE Denuncia el proyecto de rehabilitación del Chao Samartín
La Asociación de Conservadores y Restauradores de España (ACRE) ha hecho pública una severísima evaluación del proyecto de restauración del castro de Chao Samartín en Grandas de Salime (Asturias). Literalmente considera “injustificable la financiación con cargo al 1,5% cultural de un proyecto valorado como incorrecto desde un punto de vista conservador pero también jurídico”.
Mediante una nota de prensa (Descargar ACRE. Nota de prensa Chao Samartín) publicada en medios asturianos y nacionales ACRE denuncia que el proyecto carece de sentido conservador y puede llegar a contravenir criterios contenidos en la legislación del patrimonio cultural además de resultar lesivas con un Bien de Interés Cultural muy señalado. El yacimiento afectado es un conjunto arqueológico de valor patrimonial y científico excepcional que ostenta la máxima protección jurídica. El proyecto ha sido calificado por el arqueólogo y conservador Fernando Carrea, autor de uno de los informes sobre la intervención, como “un atentado autorizado por la Administración”. Descargar ACRE. Informe Fernando Carrera
En su opinión, ACRE considera que la actuación no es merecedora de la financiación pretendida desde el Estado a través del Ministerio de Fomento a cuyo titular, D. José Luis Ábalos, se ha remitido una carta en la que se advierte que la Asociación ejecutará todas la acciones y recurrirá a todas las instancias posibles para evitar un nuevo daño –institucional ahora- al Patrimonio Cultural. Un mensaje que se ha remitido en términos similares a los titulares de la Dirección General de Bellas Artes, D. Román Fernández-Baca Casares, y de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, D. Genaro Alonso Megido.
Ya en marzo del pasado año, los partidos de la oposición al Gobierno en la Junta General del Principado de Asturias reclamaron una revisión a fondo del proyecto de consolidación de las ruinas del Chao Samartín, en Grandas de Salime. Todos votaron a favor de una moción presentada por Izquierda Unida, en la que se pedía que expertos en los campos de la restauración e investigación arqueológicas valorasen este documento, y que con estos informes se volviese a pasar el proyecto por el Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias, máximo órgano asesor en la materia, donde en su último Pleno se suscitó un airado enfrentamiento al no permitirse el debate sobre esta cuestión tal y como reclamaron los miembros ajenos a la Administración Regional.
